Manuel Tarazona Anaya nació en Madrid en 1901 y con 17 años ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, siendo destinado a Melilla en 1921 con el rango de alférez. Encuadrado en el Tercio de Extranjeros hasta 1925 y dos años más en las fuerzas de Regulares indígenas, participó en la guerra del Rif, donde resultó herido en una pierna, y en el desembarco de Alhucemas que propició el fin del conflicto armado. Sus valerosas acciones le hicieron merecedor de la Medalla de Sufrimientos por la Patria y la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que le fue otorgada en 1926.
Paradójicamente, durante este periodo en tierras marroquíes estuvo bajo las órdenes de militares que luego tendrían una implicación activa en el alzamiento de 1936: Sanjurjo, Queipo de Llano y el propio Franco, fueron algunos de ellos. En julio de 1928 ascendió por méritos de antigüedad a capitán de Infantería, continuando sus servicios en las plazas del norte de África hasta 1932 fue trasladado a la Península. Dos años más tarde se incorporó en Sevilla a la Guardia de Asalto, el cuerpo policial que había sido creado por la República con funciones de mantener el orden público.
A principios del mes de febrero de 1935 llegaría a Córdoba junto a su esposa, Josefina Ortega San Emeterio, permaneciendo leal a la República cuando el 18 de julio de 1936 se proclamó el estado de guerra, auspiciado en la capital por las fuerzas de artillería al mando del coronel Ciriaco Cascajo Ruiz.
Su actuación en defensa del edificio del Gobierno Civil, donde se encontraban distintas autoridades republicanas de la provincia, le llevó a ser considerado desafecto por las fuerzas sublevadas, a pesar de que hasta en tres ocasiones distintas y, sobre todo, desde la llegada el poder del Frente Popular, había manifestado al coronel Cascajo, uno de los referentes de la conspiración en Córdoba, que en caso de producirse un levantamiento militar él y los oficiales a su mando lo respaldarían.
El asedio al Gobierno Civil se prolongó hasta las 9 de la noche cuando ya toda resistencia había cesado y después de que una hora antes dos baterías lanzaran sus proyectiles al edificio en medio de un intenso tiroteo. El gobernador Rodríguez de León y los demás políticos y guardias de Asalto que no habían huido fueron arrestados haciéndose cargo del mando civil en la provincia el capitán de Caballería José Marín Alcázar. Mientras tanto, el capitán Tarazona y el teniente a sus órdenes, Antonio Navajas Rodríguez-Carretero, eran conducidos al cuartel de Artillería, puesto de mando del coronel Cascajo, donde quedaron prisioneros. Dos días después, se abriría causa contra el máximo responsable de las fuerzas de Asalto en la ciudad, siendo sometido a un Consejo de Guerra que celebraría Audiencia Pública el 11 de agosto y acabaría condenándolo a la pena capital corroborada en Sevilla por el auditor de guerra, Francisco Bohórquez, ese mismo día. De poco valieron los numerosos testimonios propuestos por la defensa y el propio voto particular de uno de los vocales del Consejo, teniente coronel Antón Pelayo, que lo definían como “hombre de orden”, la resistencia que comandó en el Gobierno Civil le valió una condena por “rebelión militar” que acabó con su vida en la mañana del 13 de agosto de 1936 ante un pelotón de fusilamiento en el patio del cuartel del Marrubial.