Francisco Cruz Sánchez nació el 20 de febrero de 1905 en la pequeña localidad salmantina de Cantalapiedra, en el seno de una familia trabajadora. Como muchos españoles de su generación, su vida estuvo marcada por la emigración interior en busca de oportunidades. Alrededor de 1920 llegó a Ronda, ciudad que acabaría convirtiéndose en el centro de su vida personal y política. Poco después se trasladaron también su padre, Juan José Cruz, y la segunda esposa de este. De oficio tejedor, como su padre, Francisco se integró en el tejido social y laboral rondeño, donde la familia se asentó de forma definitiva.
Durante los años de la Segunda República, Francisco Cruz Sánchez se implicó activamente en la vida política local. A finales de 1935 ingresó en el Partido Comunista de España (PC), formación que en aquellos momentos experimentaba un notable crecimiento dentro de las alianzas del Frente Popular. Representando a este partido, participó en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, que dieron la victoria a dicha coalición de izquierdas.
Su compromiso político lo llevó a asumir una gran responsabilidad en un momento crítico de la historia de España. El 25 de mayo de 1936 fue elegido alcalde de Ronda, tras la dimisión de sus predecesores, y permaneció en el cargo hasta el 16 de septiembre de 1936. Su mandato coincidió con el estallido de la Guerra Civil, un periodo de enorme tensión y violencia política. En los primeros compases del conflicto, y bajo sus órdenes como alcalde, se llevaron a cabo detenciones de personas vinculadas a la derecha, consideradas sospechosas de apoyar el golpe militar. Estas actuaciones contaron con el respaldo del Gobernador Civil y respondían al intento de desarticular la posible trama civil de la sublevación en la ciudad.
Ante el avance de las tropas rebeldes, Francisco Cruz Sánchez abandonó Ronda pocas horas antes de su entrada en septiembre de 1936. Su huida no le libró de la represión posterior. Con la victoria del bando franquista, fue perseguido por la justicia militar, sometido a procesos represivos y afectado por medidas de incautación de bienes, una práctica habitual del nuevo Estado contra quienes habían ocupado cargos públicos durante la República.